Pensemos en una comunidad de regantes pequeña, en algún punto del litoral mediterráneo. También aplica a cualquier zona interior con problemas de población. Unos cientos de hectáreas, unas decenas de comuneros, riego por turnos y una red de riego que ya tiene al menos unas décadas. Cuando no, cientos de años y canales de tierra. La junta de gobierno lleva años sosteniendo la entidad con más voluntad que relevo. A la junta general no va casi nadie.

A partir de aquí, la historia suele ser, con sus matices, la siguiente. Una parte variable de la superficie se sigue cultivando, casi toda en arrendamiento. La otra parte está parada. Cada año algún propietario anuncia que «se da de baja» para no pagar la cuota fija por superficie. Es una cantidad pequeña, pero el propietario siente que no le compensa, o lo que es lo mismo: «Yo no pago porque no riego». Y la junta empieza a pensar que la zona regable se está muriendo despacio. A esto se pueden sumar diversos factores: la presión urbanística en la costa o la despoblación en el interior, como poco.

No es un caso raro. Lo vemos, con variaciones, en muchas comunidades de riego pequeñas. Merece la pena entender por qué ocurre, porque las soluciones no son evidentes y, aplicadas de forma aislada, no arreglan el problema.

El círculo vicioso: costes que no bajan aunque se riegue menos

Una comunidad de regantes tiene dos tipos de gastos: los variables y los fijos. Unos dependen del agua con la que riega cada uno. Otros existen igual se riegue toda la superficie o la mitad: mantener la infraestructura, mantenimiento, los guardas y operarios, la administración, los cánones.

Esos gastos fijos se reparten entre la superficie de la comunidad. Cuando parte de ella deja de pagar, lo que falta lo cubren los que siguen pagando. Cada propietario que se va encarece un poco la cuota del resto para el año próximo, y eso hace un poco más probable que el siguiente también se vaya.

El mismo mecanismo que hunde cualquier empresa que tenga gastos fijos y costes crecientes, sin una base sólida de clientes.

«Me doy de baja»: el que no paga pero sigue beneficiándose

En una comunidad de regantes, uno no se da de baja como si cancelara una suscripción. El aprovechamiento del agua para riego está vinculado a los terrenos amparados por la concesión. Para separarse de la comunidad es necesario renunciar a ese aprovechamiento y cumplir las obligaciones contraídas; dejar de regar o de pagar no basta.

Las deudas por conservación, limpieza, mejoras, administración y distribución del agua no desaparecen por el impago: gravan la finca beneficiada, incluso aunque cambie de propietario. Aun así, muchas comunidades pequeñas no tienen medios para reclamarlas, y en la práctica dejar de pagar sale gratis. Eso es lo que vemos en el campo.

El problema no es solo de caja. El propietario que no paga sigue beneficiándose de que la red exista: su tierra conserva el derecho de riego, y con él buena parte de su valor. Mientras tanto, lo que él deja de pagar lo asumen los demás.

Por qué la tierra se queda parada (y no es solo por dinero)

Hay cuestiones que merece la pena plantearse. Por ejemplo, se podría afirmar que si casi todo lo que se cultiva está arrendado, hay gente dispuesta a cultivar. La mayoría, empresas. El cuello de botella, entonces, no parece estar en la demanda, sino en los propietarios que no ceden su tierra. Y sus razones suelen ser perfectamente racionales desde su punto de vista:

• Esperar a ver qué pasa con el suelo. En zonas cercanas a la costa, muchos propietarios mantienen la tierra libre por si algún día se puede vender o recalificar. Arrendarla les parece atarse. Frente a esa expectativa, una cuota de unos pocos euros no pesa nada. Y si no se paga, menos.
• El lío de arrendar. Herencias sin repartir, propietarios que viven lejos, miedo a no recuperar la finca. Para quien tiene dos o tres tahullas, el esfuerzo no compensa la renta.

O en otras razones de base, como parcelas pequeñas y dispersas. Quien quiere cultivar una superficie con sentido económico no va a negociar con treinta propietarios distintos para juntarla.

Las soluciones de siempre, y sus límites

Ante esta situación aparecen casi siempre dos ideas.

Subir la cuota fija. Si faltan ingresos, se sube la cuota. Pero si no se cobra a quien no paga, la subida solo la soportan los que ya pagan, que son precisamente los que riegan. Se castiga a quien mantiene viva la comunidad y se acelera el círculo vicioso.

Bajar el precio del agua para atraer cultivadores. Tampoco suele ser lo que los frena. Quien busca tierra pregunta antes por la superficie, por los accesos y por la garantía de servicio. Si es profesional, lo que quiere es domiciliar los pagos. Además, bajar el precio sin tener cubiertos los gastos fijos solo empeora las cuentas.

Ninguna de las dos ideas es mala en sí. El problema es esperar que la tarifa, por sí sola, resuelva algo que tiene más que ver con la organización que con los precios.

Qué se puede hacer

No hay una medida mágica. Lo que funciona es combinar varias, en el orden adecuado. Algunas las hemos aplicado en distintas comunidades; otras son ideas que planteamos para que cada comunidad valore si encajan en su caso. Nuestra experiencia es que lo más difícil no suele estar en la parte técnica. Las dificultades están en el aspecto social: el conflicto y el cambio.

1. Poner orden: padrón y perímetro

Muchas comunidades tienen padrones con titulares fallecidos, fincas divididas o superficies que ya no son regables (urbanizadas, ocupadas por caminos, segregadas). Antes de cobrar o cambiar nada, hay que saber quién es quién y qué superficie forma parte realmente de la zona regable. Regularizar el perímetro también permite sacar de forma ordenada lo que ya no tiene sentido mantener dentro.

2. Cobrar de verdad: recaudación ejecutiva

Las comunidades de regantes pueden encargar el cobro de sus cuotas a los organismos de recaudación regional mediante convenio. El efecto va más allá de la caja: dejar de pagar deja de salir gratis. Solo esto cambia el cálculo de muchos propietarios sin tocar un euro la tarifa. Lo hemos puesto en marcha en varias comunidades. Y vemos como las cuentas mejoran cada año. El paso previo imprescindible es el anterior: con un padrón desactualizado, las notificaciones no llegan y el cobro se atasca.

3. Una cuota fija con agua incluida

Se podría plantear que la cuota fija incluya ya una cantidad de agua. La cuota sería más alta que la actual, pero al que riega le da igual, porque esa agua la iba a pagar de todos modos. Quien no riega paga la cuota entera sin usarla. Así, mantener la tierra parada cuesta algo (más), sin necesidad de distinguir entre comuneros ni de entrar a valorar quién cultiva y quién no. La cuota sigue teniendo carácter fijo, ligada al servicio y al mantenimiento de la infraestructura, pero incluye un volumen de agua.

4. Hacer de puente entre propietarios y agricultores

Atacar al problema de la tierra que no sale al mercado. Se podría organizar una bolsa de tierras, gestionada por la propia comunidad o en colaboración con el ayuntamiento:

• Para el propietario: arrienda la finca mediante un contrato adaptado, cobra una renta y pacta que el arrendatario asuma determinadas cuotas de riego, con garantías de pago. El contrato debe precisar los plazos y las condiciones legales de recuperación. Esto puede reducir los costes y la incertidumbre de poner la tierra en cultivo.
• Para quien quiere cultivar: encuentra superficie agrupada y un único interlocutor.

No es una idea sin precedentes. Existen bancos de tierras municipales, alguna comunidad de regantes ha impulsado el suyo, y la legislación valenciana de estructuras agrarias prevé una red pública de oficinas gestoras de tierras, con ventajas fiscales para las cesiones que se hacen a través de ella.

5. Ganar tamaño: fusionarse o colaborar con entidades vecinas

Si el problema de fondo son unos costes fijos demasiado grandes para una base cada vez más pequeña, una de las soluciones más directas es compartirlos. Fusionar comunidades, o al menos compartir administración, guardería o servicios técnicos, reparte esos costes entre más superficie. También da a la entidad resultante más capacidad para gestionar y para pedir ayudas. Hemos acompañado procesos de fusión en varias comunidades. Es un proceso largo, pero con buenos resultados.

6. Revisar la concesión

Una concesión antigua puede no reflejar la superficie, los usos o las necesidades actuales. Revisarla y adaptarla va de la mano de la regularización del perímetro, y es imprescindible si la comunidad se plantea fusionarse o reorganizar su zona regable.

El riego tradicional no es el problema

Es tentador pensar que la única salida para una huerta tradicional es modernizarla. No necesariamente. El riego a manta, bien gestionado, sigue siendo rentable para muchos cultivos: la alcachofa o el olivo son dos buenos ejemplos. El problema de estas comunidades rara vez es el sistema de riego. Es que la tierra no llega a quien quiere cultivarla y que los costes se reparten entre cada vez menos.

El engranaje: sinergias y dependencias

En cierto sentido todo el conjunto es como una máquina: una máquina de regar, cultivar y cosechar, de generar empleo, de fijar población. Es la máquina del tejido productivo agrario.

Cada una de estas medidas actúa sobre una pieza de esa máquina. Por separado, cambia poco. Lo interesante es que cada una modifica una decisión concreta de los comuneros, y que unas necesitan a las otras para funcionar. Y todas se retroalimentan.

Poner orden en el padrón y el perímetro no cambia ninguna decisión por sí mismo, pero es la pieza que hace girar a las demás. Si no se sabe quién es el titular de cada finca, no se le puede cobrar, ni notificar, ni ofrecerle nada. Mientras el padrón esté desactualizado, el propietario que no paga sabe, o intuye, que nadie va a venir a reclamarle.

El cobro ejecutivo cambia la decisión de pagar o no pagar. En las condiciones iniciales, no pagar es la opción más cómoda; con la deuda reclamada por un organismo recaudador y vinculada a la finca, deja de serlo. Y afecta también al propietario que espera vender: una finca con deudas pendientes puede complicar su venta. Quien guardaba la tierra «por si acaso» descubre que guardarla también tiene un precio.

La cuota fija más cara, con volumen incluido cambia la decisión de tener la tierra parada o ponerla a producir. Al que riega le da igual, porque paga lo mismo de siempre; al que no riega le cuesta más. Pero esta pieza solo engrana si la anterior funciona: una cuota más alta que no se cobra no incentiva nada, solo genera más deuda en el papel.

La bolsa de tierras abre una salida. Si mantener la tierra parada empieza a costar, el propietario busca alternativas. Si la única es enfrentarse solo al lío de buscar arrendatario, redactar un contrato y fiarse de un desconocido, probablemente no haga nada y se limite a protestar. Con una vía sencilla y con garantías, ceder la tierra se convierte en la opción más cómoda.

Ganar tamaño ataca el problema por el otro lado: los costes. Si los gastos fijos se reparten entre más superficie, la cuota baja o, al menos, deja de subir. Eso reduce la tentación de marcharse de quienes todavía riegan, que son los que sostienen la comunidad.

Revisar la concesión da seguridad a todo lo anterior. Ajusta los derechos a la realidad de la zona regable y evita que cualquier cambio de cuotas, de perímetro o de organización se apoye en un papel que ya no se corresponde con lo que hay.

Conclusión: cambiar el sentido de giro

Cuando todas las piezas giran a la vez, el círculo vicioso del principio se invierte: más tierra cultivada reparte los gastos fijos entre más superficie, la cuota deja de subir, cultivar en la comunidad resulta más atractivo y más tierra sale al arrendamiento. Nadie tiene que cambiar por buena voluntad ni por la fuerza. Basta con que, para cada propietario, la decisión más sensata coincida con la que le conviene a la comunidad.

Ninguna zona regable se abandona por decreto. Se abandona parcela a parcela, cada vez que un propietario concluye que dejar su tierra parada le sale más a cuenta que cultivarla o cederla. Ese es el diagnóstico y también la clave: si el abandono responde a decisiones razonables, se puede revertir cambiando las condiciones en las que se toman. No hace falta, necesariamente, cambiar el sistema de riego. Hace falta ordenar, cobrar, ofrecer una salida a quien no cultiva y repartir los costes entre más superficie. No hay medida aislada que lo arregle por sí sola, pero juntas pueden cambiar el sentido de giro de esa rueda.

JEL